SANTO DOMINGO.- Dos ejecutivos de sendas financieras están siendo juzgado en la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, acusados de estafar con más de 400 millones de pesos a 118 de sus clientes.
Ramón Ernesto Prieto Vicioso y Miguel Horacio Mercado Ornes, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Corporación de Crédito (COCRETUR) y Préstamos Personales de Nómina (PRIMESA), están acusados de abuso de confianza, estafa, asociación de malhechores, violación de la Ley Monetaria y Financiera, y Lavado de Activos.
Francisco Bernardo Regino, uno de los querellantes, y Luis Miguel Rivas, uno de los apoderados, señalaron que al finalizar el mes de junio del 2012, las querellas en manos de la Fiscalía sobrepasaban los RD$400 millones sólo por los depósitos.
Al sumarse los intereses no pagados desde febrero del 2011 hasta junio del 2016, la cifra se estima alrededor de los RD$900 millones.
Adujeron que los querellantes por la vía penal suman 118, conforme al auto de apertura a juicio del 9 de mayo del 2014. Otro grupo de depositantes inició procesos por la vía civil, lo que incrementa el monto demandado por los afectados.
Expusieron que COCRETUR y PRIMESA y sus ejecutivos no sólo han engañado a sus depositantes, sino también a la Autoridad Monetaria y Financiera, al Banco Central (encaje legal), la Superintendencia de Bancos (supervisor de las EIF), y a la DGII (declaración y pagos de impuestos).
Explicaron que COCRETUR presentó a la Superintendencia de Bancos y publicó sus estados financieros auditados por Campusano & Asociados al 31 diciembre 2010 (El Nuevo Diario, 30 marzo 2011, p. 12B), declarando RD$43.9 millones de activos, RD$18.1 millones de pasivo y RD$24.8 millones de patrimonio neto.
Indicaron que los RD$400 millones de pesos de los certificados que soportan las querellas representan 22 veces los pasivos que declaró la financiera en sus estados, por lo que la estafa se extiende a las autoridades financieras y fiscales.
Explicaron que Prieto Vicioso y Mercado Ornes estuvieron accidentando el proceso que se hizo público el 17 de noviembre del 2011, solicitando su extinción en noviembre pasado, pero que fue rechazado el Tribunal Colegiado, fijando el juicio a partir del día 3 de febrero del 2016.
Dijeron esperar que la justicia condene los crímenes de los imputados y contribuya a recuperar los depósitos realizados desde el 2005, así como resarcir los daños y perjuicios infligidos a los depositantes.
