El general (r) Ramiro Matos González fue citado para el lunes 31 de este mes por el procurador adjunto Bolívar Sánchez para ser interrogado por la muerte del líder revolucionario.
Santo Domingo
La Procuraduría General de la Republica citó para el próximo lunes 31 de marzo, a las 11 de la mañana, al general retirado Ramiro Matos González, a fin de ser interrogado en torno al asesinato de Manolo Tavárez Justo y sus compañeros, hecho ocurrido en Las Manaclas, San José de las Matas, el 21 de diciembre en 1963.
La citación al general retirado enviada a su residencia del sector el Milloncito, de la capital, fue hecha por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, luego de la querella presentada en su contra por la diputada Minou Tavárez Mirabal y su hermano Manuel Enrique, tras cumplirse 50 años del asesinato de su padre.
Un acto de alguacil del 26 de marzo indica que “por este medio se le cita a comparecer el día lunes que contaremos a 31 de marzo, por ante el despacho de Bolívar Sánchez Veloz, ubicado en la 4 planta del edificio de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia a fin se ser interrogado en torno a la querella presentada en su contra”.
Tavárez fue acribillado por militares el 21 de diciembre de 1963 junto a 28 guerrilleros en la montaña Las Manaclas, San José de las Matas, luego de sublevarse en reclamo de la vuelta a la constitucionalidad tras el golpe de Estado al presidente Juan Bosch. Minou tenía siete años de edad en ese momento.
La querella incluye a los oficiales y alistados que estuvieron bajo el mando del general Matos González, acusado además del asesinato de Jesús Antonio Barreiro Rijo (Tony), Rubén Alfonso Marte Aguayo, Federico José Cabrera González, Jaime Ricardo Socias, Fernando Arturo Ramírez, Rubén Díaz Moreno, Juan Caonabo Abel, Alfredo Peralta Michel, Antonio Folión (Manchao), Manuel de los Santos Reyes Díaz (Reyito), José Daniel Fernández y Manuel de Jesús Fondeur (Piculin). En la instancia también figuran como querellante la Federación de Fundaciones Patrióticas. Los querellantes piden al ministerio público solicitar en contra de Matos González, como medida de coerción, arresto domiciliario, una garantía económica de tres millones de pesos e impedimento de salida del país.
También que el general retirado sea condenado al pago de una indemnización de RD$50 millones a favor de las Fundaciones Patrióticas, para programas de formación de derechos humanos.
La citación al general retirado enviada a su residencia del sector el Milloncito, de la capital, fue hecha por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, luego de la querella presentada en su contra por la diputada Minou Tavárez Mirabal y su hermano Manuel Enrique, tras cumplirse 50 años del asesinato de su padre.
Un acto de alguacil del 26 de marzo indica que “por este medio se le cita a comparecer el día lunes que contaremos a 31 de marzo, por ante el despacho de Bolívar Sánchez Veloz, ubicado en la 4 planta del edificio de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia a fin se ser interrogado en torno a la querella presentada en su contra”.
Tavárez fue acribillado por militares el 21 de diciembre de 1963 junto a 28 guerrilleros en la montaña Las Manaclas, San José de las Matas, luego de sublevarse en reclamo de la vuelta a la constitucionalidad tras el golpe de Estado al presidente Juan Bosch. Minou tenía siete años de edad en ese momento.
La querella incluye a los oficiales y alistados que estuvieron bajo el mando del general Matos González, acusado además del asesinato de Jesús Antonio Barreiro Rijo (Tony), Rubén Alfonso Marte Aguayo, Federico José Cabrera González, Jaime Ricardo Socias, Fernando Arturo Ramírez, Rubén Díaz Moreno, Juan Caonabo Abel, Alfredo Peralta Michel, Antonio Folión (Manchao), Manuel de los Santos Reyes Díaz (Reyito), José Daniel Fernández y Manuel de Jesús Fondeur (Piculin). En la instancia también figuran como querellante la Federación de Fundaciones Patrióticas. Los querellantes piden al ministerio público solicitar en contra de Matos González, como medida de coerción, arresto domiciliario, una garantía económica de tres millones de pesos e impedimento de salida del país.
También que el general retirado sea condenado al pago de una indemnización de RD$50 millones a favor de las Fundaciones Patrióticas, para programas de formación de derechos humanos.
