A los policías les corresponde la odiosa tarea de reprimir las protestas sociales, aun en los casos en que puedan resultar beneficiados de las mismas. Esto tiene su origen en la di....
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EL AUTOR es abogado y miembro de la Junta Central Electoral. Reside en Santo Domingo.
A los policías les corresponde la odiosa tarea de reprimir las protestas sociales, aun en los casos en que puedan resultar beneficiados de las mismas. Esto tiene su origen en la disposición del numeral 4 del artículo 255 de la Constitución de la República, que en lo referente a la misión de la Policía Nacional establece que debe mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica.
Sin embargo, la marcha que el pasado día 10 de octubre encabezaron varios policías activos y retirados, en compañía de una gran cantidad de familiares de agentes policiales, en reclamo de mejores salarios y condiciones adecuadas de trabajo, conforme a lo sostenido por el reconocido politólogo Giacomo Sani, es una forma activa de participación política.
En ese sentido, a pesar de que el artículo 208 de la Constitución Política dispone, anacrónicamente, que los militares y los policías no tienen derecho al sufragio y que el 255 le prohíbe la facultad de deliberar, ha sido una costumbre que estos incidan en sus familiares para favorecer en las elecciones a los candidatos de su preferencia. Esta vez ocurrió algo parecido, los agentes policiales hicieron sus reclamos laborales a través de sus familiares.
La referida marcha no es una iniciativa original de los parientes de los policías dominicanos. Es justo aclarar que en el 2013 los familiares de los prestigiosos Carabineros de Chile, realizaron una marcha exigiendo mejores condiciones de trabajo. Más adelante, en el 2015, organizaron una multitudinaria marcha en reclamo de mayor seguridad.
Como muy bien sostiene el prestigioso jurista argentino Roberto Gargarella en su Carta abierta sobre la intolerancia: “…necesitamos garantizar(nos) de forma permanente la posibilidad de objetar las acciones del gobierno, de mostrar sus flancos débiles, de exigir y reclamar que cambie su rumbo, que tome ciertas medidas, que deje de llevar adelante ciertas acciones”. Eso es cierto, pero ¿quién puede negar la sorpresa que significa el hecho de que, en lugar de la oposición y los grupos populares, sean los familiares de los policías quienes hayan tomado las calles para reclamarle al gobierno mejores condiciones salariales y laborales? De igual manera, ¿quién niega que los reclamos relativos a los salarios de miseria que reciben los policías son justos?
Sin lugar a dudas, los reclamos para la mejoría de los salariales de los policías tienen el respaldo de la opinión pública. Lo mismo se puede decir de la modificación del artículo 208 de la Carta Sustantiva para que puedan tener derecho a elegir.
Tal y como recuerda Charles Tilly en su reconocida obra Los Movimientos Sociales, “hace miles de años que, en todo el mundo, el pueblo se rebela por un motivo u otro”. Ante esta realidad, el derecho a la protesta está contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política, la cual consagra la libertad de reunión de todas las personas, con fines lícitos y pacíficos.
Por tal motivo, los justos reclamos de los agentes y los parientes de los policías que tomaron las calles, abandonadas por la oposición y los sindicatos, merecen ser atendidos por el gobierno para beneficio de la paz pública.
