“Los cambios dejan intacto los males de fondo y de forma, es muy vulnerable el procedimiento de declaraciones tardías al margen de la ley 659, en su artículo 39 y siguiente”, dijo este jueves Castillo Pantaleón.
Asimismo, afirmó que el reglamento crea un mecanismo que pone en marcha un plan de fusión por absorción de población extranjera, y “eso fractura la identidad nacional”.
Entiende que el reglamento plantea un procedimiento ajeno al reconocido por la Constitución en su artículo 212 que da la facultad a la Junta Central Electoral para el Registro de Actos del Estado Civil.
En tal sentido explicó que ahora el reglamento se lo atribuyó a una unidad administrativa del Ministerio de Exterior.
“Fue hecho y promulgado por las presiones internacionales”, sostuvo.
El doctor Castillo Pantaleón dijo que junto a José Miguel Vásquez y Cristina Aguiar, participaron en la presentación de un memorial de violaciones legales y constitucionales en que incurre el reglamento y que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo.
“Cuando un presidente jura cumplir la Constitución y las leyes e incurre consciente y deliberadamente para ceder a presiones internacionales, esa actuación lo coloca de espalda a los interés de la nación, una herramienta que sirve a la traición”.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo dio a conocer ayer el decreto 250-14 mediante el cual el Presidente de la República, Danilo Medina, emitió el Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14.
La información fue dada por la Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM), que recordó que la Ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
El decreto se emite tras valorar todas las propuestas realizadas por la sociedad dominicana durante el proceso de consultas e incluye aquellas que se consideró contribuyen a mejorarlo.
El objetivo del reglamento es garantizar la aplicación estricta, objetiva y eficaz de la ley, para que beneficie a quienes corresponde legítimamente, al tiempo que establece los controles necesarios para evitar cualquier abuso de la misma.
El espíritu que ha animado en todo momento la redacción de este decreto ha sido la implementación de las soluciones que se obtuvieron como fruto del consenso social dominicano y que se plasmó en la Ley 169-14, se indicó.
Dicom dijo que con su puesta en marcha el Gobierno cumple con el compromiso de seguir avanzando en el correcto ordenamiento y documentación de todas las personas que se encuentran en el territorio de la República Dominicana, así como en la debida protección de los derechos de las personas.
En sus 21 artículos quedan definidas las acciones y responsabilidades que el Gobierno y las diferentes instituciones deben poner en marcha, de manera inmediata, para la correcta implementación de la ley.
Se especifican así aspectos clave para la operatividad, como la distribución de las responsabilidades, las oficinas y personal que deberán ponerse a disposición de los interesados y la documentación específica que será exigida en cada caso.
El reglamento contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana y al establecimiento de procedimientos rigurosos y ordenados para regular documentos.
